LEGALIZAR LO ILEGAL
Es así como podemos resumir lo que acaba de hacer el parlamento al aprobar la Ley de Seguridad Ciudadana e incluir en una Disposición Adicional, la legalización de las devoluciones o rechazos en frontera, enmienda presentada a última hora por el grupo popular para dar cobertura legal a las expulsiones de inmigrantes a los pies de las vallas de Ceuta y Melilla.
Se olvidan nuevamente que están tratando con personas y éstas tienen unos derechos. Derechos no sólo recocidos en la Ley de Extranjería y su Reglamento, sino en textos internacionales y en la propia Constitución española, particularmente Convenio Europeo de Derechos Humanos y Convención sobre el Estatuto de los refugiados.
A pesar, de que todos los grupos parlamentarios de oposición y diversos colectivos de la sociedad civil, han manifestado su oposición a la inclusión de ésta Disposición Adicional, nuevamente, sin escuchar a nadie, viene impuesta una modificación de gran trascendencia.
Que pasará entonces cuando pretenda entrar una embarazada, una persona que huya de persecución, personas que necesiten protección humanitaria. Así, sin cumplir ninguna forma legal la Guardia Civil podrá entregar a los gendarmes marroquíes a aquellos inmigrantes que intentan saltar la valla, sin facilitarles una mínima asistencia jurídica.
Hemos vivido persecuciones al pueblo judío, que hoy las repudiamos, ahora estamos presenciando como “razones de política migratoria” desconocen toda una normativa legal. Sin respetar los derechos fundamentales de los inmigrantes y principios fundamentales conseguidos después de la segunda guerra mundial, como el «principio de no devolución» o “tratos inhumanos y degradantes”
Somos parte de Europa y ni siquiera se ha escuchado al Consejo de Europa, el propio Comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, ha advertido de que contradiría la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si España acaba legalizando las expulsiones exprés.
Así también ha señalado, Nils Muiznieks, en lo que va de año, han entrado cerca de 5.000 personas, incluidas unas 2.000 que huían del conflicto en Siria (de los cuales un 70% son mujeres y niños). España tiene la obligación legal de evaluar su situación de manera adecuada y de otorgar protección a quienes la necesiten. El rechazo sumario en frontera, ya sea de un individuo o de un grupo, es incompatible con dicha obligación.
Decimos y pensamos, qué está pasando, a la ciudadanía, se le trata de mostrar como un peligro la entrada de personas por Ceuta y Melilla, como si se tratara de “bárbaros”, con noticias como de un peligro de que personas crucen nuestras fronteras. Contrariamente no se trata de educar, de hacer ver que esas personas para salir y querer entrar en esas circunstancias tan difíciles, arriesgando todo, su propia vida, cuál puede ser su estado de necesidad, la solidaridad, la concienciación de que estamos hablando de personas.
Madrid, 13 de diciembre de 2014
RED EUREKA
